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Los dominicanos observamos ayer el desarrollo de unos
acontecimientos que no sabemos cómo calificarlos, si de género político o
manifiesto desorden público. Unos actores que tratan de proceder bajo
el amparo del derecho y la ley y otros bajo el imperio de la fuerza.
El derecho supone la vigencia de las normas acordadas por los seres humanos para vivir bajo un cierto orden y su aplicación se fundamenta en la Constitución y las leyes, lo mismo que los aparatos e instituciones del sistema que garantizan su aplicación.
La democracia misma se supone en un estado que en sí mismo es garante de los derechos de las personas y el respeto de la ley. El uso de la fuerza no se justifica ni siquiera cuando quienes tienen a su cargo imponer el orden y la ley recurren a ella. Siempre se deben agotar todos los procedimientos para no utilizarla.
Por eso no se comprende cómo grupos de personas, en turbamulta, se atribuyen determinadas prerrogativas, sobre el supuesto de que gozan del favor de una mayoría en un partido político, para imponer un determinado orden de cosas, o para que prevalezcan sus criterios.
Los hechos escenificados en el local del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) pudieron terminar en un baño de sangre que todo el país tendría que lamentar. La violencia con que un grupo irrumpió es reprochable en una sociedad donde se supone que existe un sistema democrático, donde los asuntos se dirimen recurriendo a razones de derecho, no de fuerza, y mucho menos de las armas.
Cuando los seres humanos asociados en partidos o cualquier otra forma de organización social no encuentran las vías para cohabitar en paz, o por alguna razón tienen que llegar al rompimiento, no tienen que terminar mediante la violencia. Para eso existen las instancias previstas en la ley.
Deploramos la violencia desatada en la casa nacional del PRD y en sus inmediaciones. Los responsables de esos actos no tienen una carta de corso para alterar la paz de los dominicanos. l
El derecho supone la vigencia de las normas acordadas por los seres humanos para vivir bajo un cierto orden y su aplicación se fundamenta en la Constitución y las leyes, lo mismo que los aparatos e instituciones del sistema que garantizan su aplicación.
La democracia misma se supone en un estado que en sí mismo es garante de los derechos de las personas y el respeto de la ley. El uso de la fuerza no se justifica ni siquiera cuando quienes tienen a su cargo imponer el orden y la ley recurren a ella. Siempre se deben agotar todos los procedimientos para no utilizarla.
Por eso no se comprende cómo grupos de personas, en turbamulta, se atribuyen determinadas prerrogativas, sobre el supuesto de que gozan del favor de una mayoría en un partido político, para imponer un determinado orden de cosas, o para que prevalezcan sus criterios.
Los hechos escenificados en el local del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) pudieron terminar en un baño de sangre que todo el país tendría que lamentar. La violencia con que un grupo irrumpió es reprochable en una sociedad donde se supone que existe un sistema democrático, donde los asuntos se dirimen recurriendo a razones de derecho, no de fuerza, y mucho menos de las armas.
Cuando los seres humanos asociados en partidos o cualquier otra forma de organización social no encuentran las vías para cohabitar en paz, o por alguna razón tienen que llegar al rompimiento, no tienen que terminar mediante la violencia. Para eso existen las instancias previstas en la ley.
Deploramos la violencia desatada en la casa nacional del PRD y en sus inmediaciones. Los responsables de esos actos no tienen una carta de corso para alterar la paz de los dominicanos. l
Por El Caribe
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